¿“Delincuente sexual” o “persona condenada por un delito sexual”? No son exactamente lo mismo
En el lenguaje cotidiano, e incluso – y esto es en parte el motivo de este post - en algunos textos profesionales, se utiliza con frecuencia las expresiones «delincuente sexual», «agresor sexual» o «condenado por un delito sexual» como si fueran equivalentes. Pero no lo son. La diferencia puede parecer únicamente terminológica, aunque en realidad tiene consecuencias importantes para comprender la conducta delictiva, valorar el riesgo de reincidencia y decidir qué tipo de intervención necesita cada persona.
Las palabras que utilizamos para describir a quienes han cometido delitos no son neutrales. Algunas expresiones describen un hecho; otras parecen definir a la persona entera. Esto ocurre con dos denominaciones que suelen emplearse como si fueran equivalentes: “delincuente sexual” y “persona condenada por un delito sexual”. Aunque ambas pueden referirse a las mismas personas, no significan exactamente lo mismo.
Decir que alguien es una «persona condenada por un delito sexual» describe, ante todo, una situación jurídica. Significa que esa persona ha sido considerada responsable de una conducta tipificada como delito contra la libertad sexual y que existe una sentencia que así lo establece. La expresión informa sobre un hecho acreditado y sobre sus consecuencias penales, pero no permite saber, por sí sola, si aquella conducta constituye un episodio aislado, si forma parte de una trayectoria delictiva persistente, si responde a una determinada preferencia sexual o si existe una probabilidad elevada de que vuelva a repetirse.
La denominación «delincuente sexual» tiene un alcance diferente. Aunque puede utilizarse como una categoría criminológica general para designar a quienes han cometido esta clase de delitos, también puede sugerir que la conducta sexual delictiva constituye una característica estable y definitoria de la persona. El sustantivo «delincuente» tiende a convertir una conducta en una identidad: no solo informa de lo que alguien hizo, sino que parece decirnos quién es. Y este desplazamiento, aparentemente menor, favorece que atribuyamos a todas las personas incluidas en la categoría un mismo perfil psicológico, una misma trayectoria criminal y un riesgo semejante de reincidencia.
Es difícil trasladar de forma didáctica la idea de que los autores que realizan actos de violencia sexual son muy variados y heterogéneos. La criminología muestra, claramente que la población condenada por delitos sexuales es extraordinariamente heterogénea. Bajo una misma clasificación jurídica (condenados por delitos sexuales) encontramos a personas sin antecedentes penales, autores con una trayectoria delictiva tardía y limitada, agresores intrafamiliares, personas cuya víctima era conocida, autores oportunistas, individuos con delincuencia general previa y una minoría de autores persistentes, con varias víctimas y modalidades de actuación diversas. Estas diferencias no son irrelevantes, sobre todo en la práctica profesional. Afectan directamente al pronóstico, al tratamiento rehabilitador y a las condiciones necesarias para gestionar el riesgo de reincidencia de estas personas.
El problema con estas denominaciones – especialmente con la más utilizada la de “delincuente sexual” - es que puede convertirse fácilmente en una etiqueta de identidad, que no solo describe lo que alguien hizo, sino que parece decirnos quién es.
Una categoría legal no equivale a un perfil psicológico
Entre las personas condenadas por delitos sexuales podemos encontrar muchos tipos que han cometido comportamientos similares de violencia sexual:
• personas sin antecedentes penales previos;
• autores con una trayectoria delictiva tardía y limitada;
• autores intrafamiliares con víctimas conocidas;
• personas con delincuencia general previa;
• autores persistentes con múltiples víctimas;
• personas con conductas sexuales delictivas reiteradas y diversificadas.
Todas ellas pueden compartir una condena por un delito sexual. Sin embargo, no comparten necesariamente el mismo perfil psicológico, la misma trayectoria, las mismas necesidades de tratamiento ni el mismo riesgo futuro.
Esta distinción aparece con claridad en un informe reciente, realizado por FIADYS y titulado: Factores y valoración del riesgo de reincidencia para la protección de las víctimas de violencia sexual, publicado en 2026 (FIADYS. (2026). Factores y valoración del riesgo de reincidencia para la protección de las víctimas de violencia sexual. Informe FIADYS n.º 24.).
El estudio analiza a 366 hombres que cumplían condena por delitos contra la libertad o indemnidad sexual en centros penitenciarios españoles. Los participantes fueron clasificados mediante la Static-99 (uno de los protocolos más empleados a nivel internacional en la valoración del riesgo de reincidencia de violencia sexual para internos penitenciarios) (Hanson, R. K., & Thornton, D. (2000). Improving risk assessments for sex offenders: A comparison of three actuarial scales. Law and Human Behavior, 24(1), 119–136) en tres niveles de riesgo de reincidencia:
• riesgo bajo: 51,8 %;
• riesgo moderado: 31,6 %;
• riesgo alto: 16,6 %.
La primera conclusión es importante: la mayor parte de las personas condenadas por delitos sexuales no pertenecía al grupo de alto riesgo.
Las diferencias entre los grupos eran, además, criminológicamente relevantes. El grupo de riesgo bajo presentaba un primer ingreso penitenciario más tardío, pocos antecedentes y una trayectoria penal relativamente limitada. Solo el 11,9 % tenía condenas previas. En el grupo de riesgo moderado, más de la mitad tenía antecedentes y aparecía una mayor diversidad de víctimas y situaciones delictivas. En el grupo de riesgo alto, el 88,2 % tenía condenas anteriores. También se observaban un inicio penitenciario más temprano, más ingresos en prisión, mayor conflictividad, más agresiones en serie y una mayor diversidad de víctimas.
Por tanto, bajo una misma categoría jurídica —haber sido condenado por un delito sexual— aparecen al menos tres configuraciones criminológicas muy distintas:
1. autores con una trayectoria penal tardía y limitada;
2. autores con una carrera delictiva intermedia;
3. autores persistentes, con antecedentes y mayor diversidad delictiva y victimológica.
En este contexto hay otra confusión habitual, pero que conviene aclarar: la que confunde la “gravedad” del hecho violento con la probabilidad de reincidir en ese mismo (o similar) hecho violento, aquí agresiones sexuales. La gravedad del delito cometido y el riesgo de reincidencia no son exactamente la misma cosa. Una persona puede haber cometido un delito sexual muy grave y, sin embargo, presentar pocos antecedentes, una trayectoria penal limitada y un riesgo relativamente bajo de repetición. Por el contrario, otra persona puede haber cometido hechos que, considerados aisladamente, parezcan menos graves, pero que formen parte de una secuencia persistente y creciente. Confundir gravedad y riesgo conduce a errores tanto en la respuesta penal como en la intervención penitenciaria.
lgo parecido ocurre con la especialización. Haber sido condenado por un delito sexual no implica necesariamente ser un delincuente especializado en esa categoría. Algunos autores presentan trayectorias centradas casi exclusivamente en la conducta sexual delictiva; otros combinan delitos sexuales con violencia, delitos patrimoniales, consumo problemático de sustancias u otras formas de criminalidad. También varían la relación con las víctimas, su edad, el contexto de las agresiones y el grado de planificación. La categoría jurídica es común, pero las configuraciones criminológicas son diferentes.
El riesgo de transformar una conducta en una identidad
Por ello, en la tarea de investigación y en la práctica profesional conviene utilizar las denominaciones con precisión. Cuando describimos una muestra penitenciaria, la expresión «personas condenadas por delitos sexuales» resulta más exacta porque informa del criterio jurídico utilizado para incluirlas. Cuando nos referimos al comportamiento, puede ser preferible hablar de «autores de delitos sexuales» o de «personas que han ejercido violencia sexual». La expresión «delincuente sexual» conserva utilidad como categoría general, pero debería acompañarse de información que permita saber de qué tipo de trayectoria estamos hablando: primaria o persistente, especializada o generalista, intrafamiliar o extrafamiliar, con víctimas menores o adultas, y con un riesgo de reincidencia bajo, moderado o alto. También sería conveniente abandonar la expresión «condenado sexual», que se utiliza a veces de forma abreviada. La condena no es sexual; la persona ha sido condenada por un delito de esa naturaleza. Puede parecer una corrección menor, pero la precisión del lenguaje ayuda a evitar simplificaciones conceptuales y facilita una descripción más respetuosa y científicamente adecuada.
La distinción fundamental podría formularse así: «persona condenada por un delito sexual» describe una situación jurídica y un comportamiento pasado acreditado; «delincuente sexual» pretende designar una categoría criminológica y corre el riesgo de convertirse en una identidad permanente. No toda persona condenada por un delito sexual presenta una carrera sexual delictiva estable, una especialización criminal o una probabilidad elevada de reincidencia. Cuando utilizamos “delincuente sexual” sin mayores precisiones, corremos el riesgo de convertir una conducta pasada en una característica esencial y permanente de la persona.
La etiqueta puede sugerir, erróneamente, que:
• existe un único perfil de delincuente sexual;
• todos presentan una desviación sexual estable;
• todos están especializados en esta clase de delitos;
• todos tienen una elevada probabilidad de reincidir;
• el delito sexual define globalmente su personalidad.
La evidencia criminológica no respalda estas generalizaciones.
La población condenada por delitos sexuales es muy heterogénea. Para algunos, el delito sexual puede constituir un episodio dentro de una trayectoria vital sin antecedentes. Para otros, forma parte de una carrera delictiva más amplia. Y en una minoría aparece una conducta sexual persistente, reiterada y diversificada. No se trata de minimizar el delito ni el daño causado a las víctimas. Se trata de distinguir correctamente entre la gravedad del hecho cometido y la probabilidad de que vuelva a producirse. Un delito puede ser extremadamente grave y, al mismo tiempo, haber sido cometido por una persona con una probabilidad relativamente baja de reincidencia. Del mismo modo, una conducta aparentemente menos grave puede formar parte de una secuencia reiterada y creciente.
Una implicación importante: ¿a quién rehabilitamos?
La confusión entre “delincuente sexual” y “persona condenada por un delito sexual” es importante no solo por un prurito de precisión terminológica, sino por sus implicaciones prácticas y en particular en el tratamiento de estos internos penitenciarios.
Los resultados de múltiples estudios, también el de FIADYS que hemos referido antes, recuerdan que bajo una misma condena aparecen perfiles con niveles de riesgo, antecedentes y necesidades claramente distintos. No requiere la misma intervención un interno condenado por un delito sexual primario, de aparición tardía en la biografía del autor, escasa trayectoria penal y factores de riesgo limitados, que otro con numerosos antecedentes delictivos, agresiones en serie, consumo problemático de sustancias tóxicas, rasgos psicopáticos, diversidad de víctimas y una historia delictiva persistente. Tratar a ambas como miembros equivalentes de una categoría homogénea no solo es conceptualmente incorrecto, sino que puede reducir la eficacia del tratamiento.
El principio de riesgo del modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad indica que la intensidad de la intervención debe ajustarse al nivel de riesgo. Esto implica evitar tanto la insuficiencia como el exceso de tratamiento. Los casos de mayor riesgo necesitan intervenciones más intensivas, prolongadas y estructuradas, dirigidas a sus factores criminógenos dinámicos. En los casos de bajo riesgo, una intervención excesivamente intensa puede consumir recursos sin beneficio proporcional, alterar apoyos prosociales, favorecer la exposición a personas con trayectorias más problemáticas y convertir el cumplimiento de un programa estandarizado en un requisito burocrático más que en una actuación verdaderamente rehabilitadora.
También debe individualizarse el contenido de los programas de intervención. No toda persona condenada por un delito sexual necesita el mismo peso terapéutico en los módulos de preferencias sexuales problemáticas, distorsiones cognitivas, regulación emocional, habilidades de intimidad, consumo de sustancias, impulsividad, antisocialidad o prevención de recaídas. Algunos casos exigirán una intervención específicamente sexual; otros requerirán actuar principalmente sobre factores generales de delincuencia, como la inestabilidad personal, el abuso de sustancias, la falta de autocontrol, los vínculos antisociales o la precariedad social. Y en otros puede ser prioritaria la responsabilización por el daño, la educación sobre consentimiento, la gestión de relaciones íntimas o la planificación de situaciones concretas de riesgo.
La etiqueta genérica puede producir además un efecto paradójico: cuanto más creemos conocer a la persona por pertenecer a una categoría, menos necesidad sentimos de analizarla individualmente. En los tratamientos rehabilitadores penitenciarios se favorecen programas centrados en el delito nominal y no en los mecanismos concretos que lo hicieron posible. Una intervención eficaz no debería preguntarse únicamente «¿qué programa corresponde a un delincuente sexual?», sino «¿qué factores explican el delito de esta persona, cuáles siguen activos, cuáles pueden modificarse y qué intensidad de intervención requiere?». Es algo que se contempla en el PIT de las prisiones de Cataluña.
(para mas información sobre estos programas: www.ipforense.com)
La precisión terminológica también comporta una precisión en la dinámica rehabilitadora. Hablar de personas condenadas por delitos sexuales obliga a reconocer que comparten una situación jurídica, pero no necesariamente el mismo perfil clínico o criminológico. El objetivo del tratamiento no puede ser modificar una supuesta identidad de «delincuente sexual», sino reducir factores de riesgo concretos, fortalecer recursos protectores y facilitar una vida futura incompatible con la violencia sexual.
Para concluir: precisar las palabras no significa minimizar los delitos ni el daño causado a las víctimas. Significa comprender mejor a quienes los cometen para valorar con mayor rigor el riesgo, ajustar la intensidad y el contenido del tratamiento y adoptar decisiones más proporcionadas. La categoría jurídica puede ser el punto de entrada en el sistema penitenciario, pero no debería determinar por sí sola el itinerario rehabilitador. Cuando sustituimos el análisis individual por una etiqueta, dejamos de distinguir entre trayectorias, necesidades y niveles de riesgo diferentes. Y en el estudio y tratamiento de la violencia, esas diferencias son precisamente las que permiten comprender, prevenir y actuar con mayor eficacia.
